Muchas veces se pone adelante de todas las ventajas el ahorro monetario. Este ahorro puede ser realmente importante, pero puede ser mermado a corto plazo por los costos de realizar la transición de los sistemas. Existen otras ventajas que son inmediatas y más importantes, al punto de ser cruciales para la adopción de estas políticas por el estado:
Independencia Tecnológica: Mediante el uso de software libre, el Estado deja de tener sus sistemas controlados por una entidad externa (con frecuencia empresas extranjeras). De esta forma rompe la dependencia tecnológica que lo tiene actualmente atado y obtiene las libertades que el software libre otorga.
Control de la Información: Esto se desprende directamente de las libertades que brinda el Software Libre. Al tener la libertad de inspeccionar el mecanismo de funcionamiento del software y la manera en que almacena los datos, sumado a la posibilidad de modificar ( o contratar a alguien que modifique) estos aspectos, queda en manos del Estado la llave de acceso a la información y no en manos de terceros ajenos.
Seguridad: Este es uno de los puntos claves para el estado. Mucha información que el Estado maneja puede ser peligrosa en manos incorrectas. Es por esto que es crítico que el Estado pueda fiscalizar que su software no tenga puertas de entradas traseras (backdoors), voluntarias o accidentales, y que pueda cerrarlas en caso de encontrarlas; tal inspección solo es posible con el software libre.
Debe tenerse en cuenta que una política de este tipo no discrimina en contra de productos o proveedores específicos, sino contra ciertas prácticas nocivas que involucran el control de la información del usuario por parte del proveedor. Es fundamental que el estado no se someta a estas presiones.
Otro punto a favor es que la industria local se verá ampliamente beneficiada, dado que las licencias libres le otorgan al gobierno el derecho a contratar profesionales locales para modificar y adaptar sus sistemas. De esta forma, se fomenta la industria tecnológica local, la economía y el empleo.
Hay que destacar que la migración sería costosa en primer instancia. Esto se debe a que involucra costos en relevamientos, toma de decisiones para implementar los nuevos sistemas, mano de obra para implementar el cambio, conversión de datos, reentrenamiento del personal. Todo esto sin tener en cuenta el natural rechazo al cambio, que no tiene un impacto monetario pero que puede hacer fracasar cualquier proyecto de implementación.
Los costos relacionados con el software propietario son, en gran medida, por licencias de uso por cada terminal, más la necesidad de actualizar el hardware dados los requerimientos de procesamiento más potente en cada nueva versión de las aplicaciones. A su vez, en muchos casos la actualización de los programas es forzada, ya que no se mantiene una compatibilidad con versiones anteriores con lo que el software se transforma en obsoleto.
Según un estudio realizado, aproximadamente el 70% del empleo que se le da a una computadora en la órbita estatal demanda los denominados programas de escritorio, de los cuales en la mayor parte de los casos se utiliza exclusivamente el procesador de textos. Este porcentaje trepa casi al 90% en la órbita del poder judicial, es decir que una parte sustancial puede ser reemplazada en forma casi masiva e inmediata, pero en esta fase parte del ahorro debería invertirse en capacitación.
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